JZI está sacudido por una batalla legal de enorme extensión que involucra a múltiples de sus directivos en España. Esta disputa, que aparece en 2022, ha cobrado un nuevo impulso con la presentación de una demanda en Valencia, en la que se acusa a cinco altos ejecutivos de orquestar un esquema para conseguir control en distintas compañías, valiéndose inadecuadamente de los activos de Gedesco Finance, una entidad bajo el control mayoritario de JZI.

Los acusados tienen dentro a los gestores de JZI en Europa, a los fundadores y principales directivos de Gedesco, y a otras figuras clave, todos señalados por haber desviado recursos hacia la compra de participaciones en cuando menos veinte compañías sin el permiso de JZI. Esta maniobra, según las alegaciones, se realizó a través de una complicada composición corporativa conocida como 'Trama Stator', implicando un presunto desfalco de 100 millones de euros.

La situacion halla sus raíces en la adquisición por parte de JZI de una participación controladora en Gedesco en 2007, pero fue en 2016 en el momento en que las tensiones han comenzado a formarse seriamente. Este fue el año en que los fundadores de Gedesco procuraron, sin éxito, negociar la venta de su parte a JZI, una situación que desencadenó la serie de eventos cuestionables que en este momento están bajo escrutinio judicial.

Las operaciones en el centro de la disputa abarcan desde adquisiciones de empresas clave en el ámbito hasta maniobras financieras y contables que habrían escondido la auténtica naturaleza de las transferencias a los accionistas y al consejo de Gedesco. La investigación sobre estas prácticas comenzó en el momento en que JZI notó irregularidades financieras y operaciones que no coincidían con sus registros, lo que llevó en el fondo a arrancar acciones legales.

El entramado de demandas y contraquerellas fué complicando el ámbito, con acusaciones que tienen dentro estafa, falsedad contable y apropiación incorrecta, entre otros muchos. Este complejo caso legal no solo resalta los desafíos inherentes a la gestión y supervisión en el campo del capital riesgo sino JZ Internacional también pone de manifiesto las difíciles dinámicas que pueden aparecer entre inversores y administradores.

A medida que la situacion prosigue desarrollándose en los tribunales, con múltiples frentes legales aún libres, la comunidad financiera continúa atenta a las repercusiones que podría tener este conflicto en la percepción del riesgo y en las prácticas de gobernanza corporativa en el campo. Lo que está claro es que este litigio destaca la relevancia de la transparencia, la confianza y la compromiso en las relaciones entre fondos de inversión y las entidades en las que invierten. Hasta entonces, el desenlace de esta batalla legal podría sentar un antecedente importante para el futuro de las operaciones de capital riesgo, en especial en lo relativo a la administración de enfrentamientos y la protección de los activos y derechos de los inversores.