Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una estructura societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías usando indebidamente los elementos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y administrador en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, al menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el conflicto comienza a gestarse en 2016, instante en el cual los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se hizo un empleo indebido de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión a través de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.

Esta estructura pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en haga clic aquí que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales en contra del fondo, en un lapso de menos de un par de meses.

Este escenario legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras que se desvelan más capas de un enfrentamiento que subraya la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y gestores en el campo del capital riesgo..